El TSJ da la razón al Partido Popular y anula las peatonalizaciones de Diez

25 de junio de 2025.- El portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular, David Fernández, ha ofrecido esta mañana una rueda de prensa junto a la concejala Ana Franco y el abogado Carlos González Antón, tras conocer la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León sobre las peatonalizaciones de José Antonio Diez. Una comparecencia que se resume así:   

• “723 días lleva el alcalde de León vulnerando los derechos fundamentales de los leoneses mediante la restricción ilegal del acceso de los ciudadanos a algunas las calles del centro”.
• Hace ahora prácticamente dos años que se iniciaron unas obras en calles como San Agustín, Gil y Carrasco o Alfonso V, “cuyo fin era, según el propio contrato, crear un área de calmado de tráfico con el objetivo de imponer una Zona de Bajas Emisiones en la ciudad. Una ZBE a todas luces innecesaria, improvisada y mal planteada que carecía, además, del aval de un proyecto técnico y, también, del soporte jurídico exigido por la ley”.
• “Pocas fechas después de ese 3 de julio de 2023 y de las elecciones, gracias a las preguntas del Partido Popular en el pleno de noviembre de 2023, descubrimos cómo el señor Diez había mentido y engañado a todos los leoneses antes de las elecciones, diciendo y contratando unas obras de calmado de tráfico, es decir, de convivencia entre peatones y vehículos, para después de las municipales imponer unilateralmente una zona de prioridad peatonal y finalmente una peatonalización ilegal”.
• “Todo ello, como digo, encaminado a la creación de una ZBE en León que tiene mucho de ideológica y caprichosa y poco de racional y justificable. Dadas las condiciones ambientales, económicas y sociales de León, podríamos haber tenido una ZBE sin estas restricciones, pero esta iba a ser la excusa perfecta para que el alcalde llevara a cabo sus planes personalísimos para la ciudad, sin debate ni alternativas”.
• “Unos planes que, como denunciamos desde un principio, eran ilegales y, además, eran perjudiciales para León y para los leoneses. Primero, porque no existía -ni existe- una alternativa de circulación y aparcamiento que permita restringir el acceso a esas calles sin causar un perjuicio real y grave a toda la ciudad. Y el resultado es que desde hace dos años tenemos una ciudad con el tráfico colapsado en su parte central y en la que intentar aparcar en el centro para ir al trabajo, de compras o a tomar un café es, prácticamente, un imposible. Diez ha convertido el centro de León en un infierno para los ciudadanos. Con este alcalde, los leoneses tienen que gastar más tiempo y más dinero en aparcar su vehículo. Un gran problema donde antes no lo había”.

• “En segundo lugar, y más grave todavía, porque entendíamos que Díez estaba tratando de imponer su criterio por las bravas, con la tradicional prepotencia y soberbia que le caracteriza. Desde hace ya demasiado tiempo, el señor Diez lleva pensando y actuando como si la ciudad fuera su cortijo, haciendo y deshaciendo a su antojo y sin arreglo a más ley que su propio interés personal y político o, incluso, sus apetencias. Una deriva muy peligrosa, que destila un claro estilo antidemocrático y cuyos efectos siempre son, y esta ocasión tampoco es una excepción, muy negativos para la sociedad”.
• Ante esta situación, “el Grupo Municipal del PP, consciente de los engaños del alcalde y de la ilegalidad de su actuación, decidió acudir al Procurador del Común de Castilla y León con la intención de que el alcalde diera marcha atrás en su decisión de violentar los derechos de los leoneses de manera ilegal y unilateral”.
• “El defensor del pueblo autonómico se pronunció en diciembre del año pasado, emitiendo una dura resolución que advertía al alcalde de la ilegalidad de sus actos y le instaba a revertir la situación, permitiendo el acceso a las calles en peatonalizadas ilegalmente mientras que el Ayuntamiento no dispusiera de la preceptiva ordenanza que, como exige la ley, ha de amparar cualquier cambio en el uso de las vías públicas que conlleve una restricción de derechos ciudadanos, y además, también, justificara con criterios ambientales, económicos y sociales esa decisión”.
• “La respuesta del alcalde… la habitual, el desdén propio de su soberbia. Nadie sabe más que él de todo. Dijo que con los bandos de alcaldía que se habían publicado estaba todo bien. Él, en su despacho, sin debate ni consulta a la ciudadanía, ni al pleno, por supuesto, decidía importantes cambios en la ciudad y restringía derechos fundamentales a los leoneses”.
• “Aún así, y vista la actitud del señor Diez, desde el PP tratamos de proponer un acuerdo al Pleno Municipal presentando el pasado diciembre una moción en busca de una solución que aplazara las restricciones hasta que el Ayuntamiento contase, por un lado, con el armazón jurídico adecuado y, por otro, hasta que no se dieran alternativas en forma de aparcamientos y mejoras del transporte público a los leoneses”.
• “Esa moción, como viene siendo habitual, ni siquiera llegó a debatirse. Fue metida en un cajón por parte del PSOE y con la colaboración siempre fiel de UPL, que siempre ha apoyado esta chapuza legal y esta restricción de derechos y que llegó a afirmar en la Junta de Portavoces que eso de la ordenanza no era importante. Aquí está el acta. Son los mismos, por cierto, que hace pocas fechas se rasgaban las vestiduras pidiendo al alcalde que no multe a los vehículos que accedan a las calles peatonalizadas. UPL en su esencia pura.
• “Como digo, a pesar de las advertencias del PP y de los requerimientos del Procurador, el alcalde, amparado necesariamente por sus socios, inició una huida hacia adelante y se amparó en la publicación de una serie de Bandos de Alcaldía para tratar de vestir jurídicamente sus decisiones ilegales. Bandos que fueron recurridos ante los tribunales por mi grupo municipal y que nos traen hoy a esta rueda de prensa”.
• “Siempre consideramos que estos bandos han sido un atajo torticero por parte del alcalde para justificar legalmente unas actuaciones que han generado un enorme caos en la ciudad y una situación de gravísima inseguridad jurídica para todos los leoneses pero, sobre todo, para los que residen y tienen propiedades o negocios en las calles afectadas, con una gestión caótica de los accesos, como también denunciamos el pasado mes de febrero, hasta el punto de que no se sabe si desde el pasado viernes están siendo multados o no si acceden a las calles en cuestión”.
• “Por todo ello, el pasado mes de enero decidimos acudir a los juzgados. Para defender los intereses generales de los leoneses y tratar de revertir las actuaciones ilegales y unilaterales del alcalde que tanto perjuicio ha tenido para miles de leoneses”.
• En el pasado mes de enero “presentábamos un recurso contencioso impugnando esos bandos de alcaldía en los que se establecía la nueva regulación para las calles peatonalizadas y, además, solicitábamos el establecimiento de medidas cautelares dada la grave ilegalidad que se estaba cometiendo, el grave atentado del alcalde contra los derechos fundamentales de los leoneses y el grave perjuicio económico que se estaba causando. Esas medidas cautelares eran denegadas en primera instancia en un auto desconcertante que no compartíamos en absoluto y que, por tanto, recurrimos ante el TSJ de CyL”.
• Y así llegamos al día de hoy, “en el que quiero anunciarles que los jueces han dado la razón al grupo municipal del PP en sus denuncias. Es decir, el TSJCyL ha reconocido mediante Sentencia de 23 de junio de 2024, la ilegalidad de las actuaciones del alcalde y ha acordado la suspensión de los bandos de Alcaldía del Ayuntamiento de León que impedían el acceso libre de vehículos a las calles citadas en el bando. Considera el alto Tribunal autonómico que el alcalde ha actuado contra el ordenamiento jurídico y vulnerado los derechos fundamentales de los ciudadanos con sus decisiones, haciendo propios todos los fundamentos jurídicos realizados por el PP, destacando…”:
• En primer lugar, el TSJ aprecia que concurre el periculum in mora, es decir, que el recurso puede perder su finalidad legítima de no otorgarse las medidas cautelares solicitadas.
• En segundo lugar, que el otorgamiento de cautelares no produce perjuicio ninguno a los intereses de la administración ni de los leoneses, afirmando textualmente que “los concejales del PP actuaron claramente en defensa de los intereses generales y que no concurren intereses particulares que puedan ser contrarios a los generales.”
• Y en tercer lugar, que existe apariencia de buen derecho, pues hay unos precedentes judiciales claros. De hecho, la sentencia afirma textualmente que “el bando del alcalde de León impugnado incide en una nulidad de pleno derecho evidente y notoria.”
• Es decir, “un golpe rotundo de realidad a la soberbia habitual del alcalde y una enmienda a la totalidad al proyecto estrella de este mandato. Una sentencia sobre lo que tenemos que apuntar dos cuestiones importantes:
• “La primera es que tiene efectos inmediatos. Es decir, gracias a la acción del Partido Popular, los caprichos del alcalde dejan de tener efecto y los leoneses ya no tienen restringidos sus derechos en su ciudad”.
• Y la segunda “es que el pleito principal continua. Hoy hablamos de las cautelares, pero el pleito principal continúa y en él se ventilarán todas las acciones realizadas en estas calles, por ejemplo las relativas a su regulación o al cambio de la finalidad del proyecto original por decisión unilateral del alcalde. El Partido Popular se va a encargar de trabajar para que todos los leoneses perjudicados por las decisiones caprichosas del alcalde puedan exigir responsabilidades”.

El portavoz añadía un par de reflexiones:

• “La primera es que me siento muy satisfecho y orgulloso del trabajo realizado y de que sus frutos hayan servido para librar a los leoneses del atentado del alcalde contra sus derechos fundamentales. Este es un buen ejemplo de la importancia democrática del papel de la oposición en una administración, más aún cuando quien la gobierna tiene habitualmente comportamientos de carácter autocrático y un desdén permanente por la legalidad. Siempre me habéis oído decir que el GM del PP basaría su oposición en el trabajo duro, serio y riguroso. Y así está siendo, siempre en defensa del interés general de la ciudad”.
• La segunda es que “la gravedad de esta sentencia judicial con respecto a la actuación del señor Diez es muy relevante. De hecho, el señor Diez estaría despedido. Si el señor Diez fuera el máximo responsable de la gestión en una empresa privada, ya estaría despedido. Ya habría sido despedido hace tiempo por los continuos reveses judiciales, los millonarios sobrecostes que su gestión caprichosa y torpe ha tenido para los leoneses y su nula capacidad para hacer funcionar adecuadamente los servicios municipales a pesar del incremento del gasto”.
• “Y aquí, aunque no sea una empresa privada y sea una administración pública, debería ser igual. Pero no lo va a ser. El alcalde no va a renunciar. Es más, ni siquiera va a salir a pedir perdón públicamente abochornado por sus decisiones negligentes. Más bien, seguramente, en un nuevo alarde de soberbia, dirá que no tenemos ni idea o que en realidad esto no es para tanto”.
• “¿Quién asume responsabilidades aquí?, ¿Quién asume la responsabilidad de haber tomado decisiones deliberadamente ilegales que han sido tumbadas en los juzgados y que han costado millones de euros a los leoneses?, ¿Quién asume la responsabilidad, por ejemplo, de haber perdido más de un millón de euros por la negligente actuación en la gestión del aparcamiento de San Marcelo?, ¿Quién asume la responsabilidad de haber tenido durante tantos meses 4 millones de euros de contratos en precario? O, ahora, ¿quién asume responsabilidades por haber vulnerado los derechos fundamentales de los leoneses y haber causado un perjuicio económico a tantas personas, a tantos negocios con unas decisiones que claramente eran ilegales?, ¿Quién asume las responsabilidades en este gobierno? ¿Quién dimite? O al menos, ¿quién pide perdón?…”.
• “Dejo estas preguntas en el aire esperando que alguien las responda. Esperando a ver si UPL, que se dice oposición pero que son dóciles socios de gobierno y cooperantes en la sombra de esta chapuza legal, se pone, de una vez por todas, serio con el alcalde y no repite papelones como el de llegar a tachar de negligente la gestión del alcalde un día y al día siguiente abstenerse de su reprobación”.
• En todo caso, y con independencia de lo que hagan el alcalde y la UPL, dada la situación derivada de esta sentencia, además de responsabilidades y disculpas, “queremos exigir al alcalde:
• En primer lugar, que acate la decisión judicial y revierta el uso de las vías al estipulado en el contrato de obras de adecuación de las mismas: el calmado de tráfico que permita la convivencia entre viandantes y vehículos con una velocidad de circulación limitada a 10km/h. Este punto parece obvio, pero con la deriva que lleva el señor Diez con el cumplimiento de la legalidad, merece la pena decirlo.
• En segundo lugar, la paralización de la actual tramitación de la nueva Ordenanza de Movilidad, por su contenido relativo a la ZBE, retirando el punto del orden del día del Pleno Ordinario de mañana. No se puede aprobar una Ordenanza fraudulenta que nace viciada tratando de justificar, a posteriori, una serie de actuaciones llevadas a cabo hace muchos meses, que ha violentado los derechos de los ciudadanos y que ha sido tumbadas por los tribunales.
• En tercer lugar, el inicio de un nuevo procedimiento de elaboración de una nueva Ordenanza de Movilidad en lo relativo a la ZBE, ajustada a la ley, sincera y asentada sobre la premisa del diálogo de los grupos municipales y no sobre la unilateralidad del alcalde. Con un debate del proyecto de zonas de bajas emisiones sosegado y con una toma de decisiones basada en realidades y alejada de los caprichos personales del alcalde. Más razón y menos discrecionalidad.
• Y cuarto, como ya he dicho, la exigencia de responsabilidades y disculpas por la grave ilegalidad cometida y sostenida a pesar de nuestras advertencias, de nuestra insistencia, a pesar del dictamen del Procurador del Común, y las graves consecuencias que ha tenido para los leoneses.