• El portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular, David Fernández, recrimina al equipo de gobierno socialista presidido por José Antonio Diez que haya sumido a las calles peatonalizadas del centro en una “incertidumbre y limbo jurídico”, como ha dictaminado el propio Procurador del Común.
10 de junio de 2025.- El portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular, David Fernández, ha ofrecido esta mañana una rueda de prensa para actualizar la información sobre “el estado de las calles del centro peatonalizadas por el alcalde, a nuestro juicio y de acuerdo al dictamen del Procurador del Común, de manera ilegal, en lo que fue un evidente ejercicio de engaño e improvisación del señor Diez”.
Una comparecencia que se resume en los siguientes titulares:
• Como recordaréis, tras afirmar antes de las elecciones que estas calles serían de calmado de tráfico, es decir, circulación a 10 por hora y estacionamientos, “el alcalde mostró sus verdaderas intenciones nada más pasar los comicios, respondiendo a nuestras preguntas con el anuncio del cierre de estas calles al tráfico”.
• Y es que, a pesar de que este anuncio se produce en el otoño de 2023, no es hasta el 14 de noviembre de 2024, un año después, cuando se emite el bando de Alcaldía que formalizaba el uso de estas calles. En ese bando se establecía quiénes podrían solicitar el tránsito por estas calles y también el plazo del 1 de marzo como fecha límite para solicitar los permisos.
• “Y ya en aquel momento la gestión fue chapucera. A sólo una semana de cumplirse este plazo, desde el Partido Popular presentamos una batería de preguntas sobre las solicitudes recibidas y autorizadas, respondiéndonos el equipo de gobierno que no se había concedido ningún permiso porque ningún vecino ni comercio había solicitado permiso de paso. Una respuesta que fue una absoluta desfachatez habiendo miles de afectados y que trataba de descargar en los afectados la responsabilidad de la gestión municipal que solo corresponde al PSOE”.
• Aquella respuesta fue “un intento de ocultar una nueva chapuza del alcalde y su gobierno, que después de un año del cierre y tres meses de emitir el bando, no había habilitado ningún cauce ni procedimiento para otorgar estos permisos. La realidad es que ellos mismos se delataron cuando a la semana siguiente de nuestra denuncia, emitían un comunicado anunciando la ampliación del plazo para solicitar permisos hasta el uno de junio y estableciendo, ahora sí, los medios y los procedimientos para que los afectados puedan hacer las solicitudes”.
• Pues bien, pocos meses después, “los socialistas hacen bueno el refrán y vuelven a tropezar dos veces en la misma piedra. La semana pasada, ya pasado el plazo del uno de junio, preguntamos por el número de solicitudes recibidas para compararlo con el número de afectados y ver si todo el mundo estaría al corriente de esta situación; preguntamos por las solicitudes concedidas y las rechazadas para conocer el grado de cumplimiento de las condiciones de los permisos; preguntamos por las solicitudes pendientes dada la cercanía de la fecha de activación de las cámaras para saber si daría tiempo a tramitar todas; y también preguntamos por las intenciones del PSOE de empezar a multar a partir del 20 de junio. Todas ellas preguntas lógicas y que el propio gobierno debería haberse hecho ya por esas fechas con el plazo vencido”. ¿Y cuál fue respuesta? El silencio. “Ningún concejal del gobierno sabía nada. Y eso que estas preguntas fueron presentadas con más de 24 horas de antelación a la celebración de la comisión de seguridad y movilidad”.
• Nadie sabía esos datos tan básicos a pocos días de la activación de las cámaras y cuando ya había concluido el plazo del primero de junio para realizar las solicitudes. “Una nueva evidencia del descontrol y la apatía que existe en el gobierno municipal y que ha provocado y provoca una gran incertidumbre y desasosiego en los miles de vecinos afectados por estas decisiones”.
• “Es impresentable la suficiencia y apatía con la que el alcalde aborda este asunto cuando estamos hablando de no pocos afectados. Sólo en la calle San Agustín, Alfonso V y Gil y Carrasco existen más de 1.400 plazas de aparcamiento subterráneos, a los que habría que sumar comercios, residentes con movilidad reducida, etc. Es decir, el número de afectados puede superar perfectamente la cifra de 2.000, que no es poca cosa. Y teniendo en cuenta que los afectados pueden tener más de un vehículo, el número de permisos puede crecer ampliamente. A sólo diez días de la supuesta activación de las cámaras, el gobierno municipal no ha recopilado la información básica para saber si todos los afectados están al corriente de la situación, si los criterios son cumplidos por la mayoría de afectados y si hay tiempo suficiente antes del 20 de junio para tramitar todas las solicitudes. Una nueva oda al despropósito del PSOE en el Ayuntamiento”.
• Y además de “esta incertidumbre y de este limbo jurídico en el que el alcalde ha sumido a estas calles con sus decisiones caprichosas, tenemos que seguir denunciando los graves problemas de aparcamiento y circulación de tráfico que ha generado a toda la ciudad por tomar este tipo de decisiones sin plantear alternativas, más allá de la ocurrencia de UPL y PSOE de cerrar un carril de Papalaguinda, a la que ya en su día planteamos nuestros reparos y preocupación y que celebramos que se haya metido en el cajón gracias al sentido común que ha puesto nuestra Policía Local”.
• “Por culpa del alcalde y sus caprichos e improvisaciones, a los leoneses les cuesta hoy mucho más tiempo y mucho más dinero aparcar. Ya denunciamos la plena ocupación de los aparcamientos en el centro de la ciudad y de los aparcamientos disuasorios. Y ahora tenemos que denunciar la tremenda inflación que estas decisiones han generado en el precio del alquiler de las plazas de garaje subterráneo situadas en el centro, incrementándose en más de un 25% desde que el alcalde cerró estas calles hace apenas dos años. Sube los impuestos a los vecinos y además genera inflación con sus decisiones. Socialismo de alta intensidad el de este alcalde”.
• Finalmente, y dado el descontrol evidente que tiene el gobierno municipal sobre este asunto, “la incertidumbre y preocupación entre los afectados y, sobre todo, la inseguridad jurídica que se cierne sobre el cierre de estas calles, que el Procurador del Común ya dictaminó como ilegal, exigimos al alcalde que no active las cámaras al menos hasta que haya una ordenanza en vigor que regule el cierre de estas calles, que es una ZBE encubierta, que es lo que dicta la ley y que es lo que él se ha pasado por el forro, con el fin de salvaguardar los intereses de los vecinos y no castigarles más a cuenta de sus decisiones erráticas”.
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