• El portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular, David Fernández, ha analizado la
sentencia, “otro varapalo judicial para José Antonio Diez, del Contencioso-Administrativo
del Tribunal de Instancia 2 de León, que refleja en su fallo el ‘vicio de nulidad de pleno
derecho por falta de competencia material del órgano y omisión total del procedimiento’.
• David Fernández ha señalado que Diez sigue un patrón preocupante en la gestión
municipal: la toma de decisiones de manera improvisada, decisiones discrecionales; un
patrón que implica la ignorancia de las advertencias que le hace siempre el Partido
Popular. Unos procedimientos administrativos ilegales con consecuencias para los
leoneses: coste económico y falta de seguridad jurídica.
24 de marzo de 2026.- David Fernández ha explicado la sentencia de la Sección de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal de Instancia 2 de León, que refleja en su fallo el ‘vicio de nulidad de pleno derecho por falta de competencia material del órgano y omisión total del procedimiento’ atribuido al equipo de gobierno del alcalde socialista José Antonio Diez para justificar con dos bandos (noviembre de 2024 y febrero de 2025) las peatonalizaciones del centro de la ciudad (Gil y Carrasco, San Agustín, Alfonso V o Ramiro Valbuena).
Una sentencia que ratifica la paralización
cautelar que ya había dictado el Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León en junio
de 2025 y que de nuevo “da un varapalo no
sólo a la decisión del alcalde, sino también a
una manera de actuar que ya viene siendo
habitual en el señor Diez”. El portavoz popular
ha realizado dos lecturas. Por un lado, la
jurídica: “Y es que el juez declara los bandos
de la Alcaldía como nulos de pleno derecho
por ser un procedimiento totalmente diferente
al que se debería haber utilizado, que sería la
aprobación de una ordenanza en el Pleno. En
segundo lugar, habla de una omisión total de
procedimiento administrativo. Dos cuestiones
que generan una clara vulneración de
derechos: tanto a los ciudadanos como a los
concejales, porque evita que podamos
participar en la actividad política y pública del
Ayuntamiento de León a través del Pleno”.
En segundo lugar, “una lectura política porque el alcalde de León tiene una manera de actuar
cesarista y despótica, una actitud que se encuentra totalmente al margen de la ley y hoy tenemos un
nuevo caso. Estamos hablando de una cuestión básica, el respeto al ordenamiento jurídico. Y no
será poque no tuvo advertencias, ya que cuando cerró estas calles, ahora ya ilegalmente a través de los bandos de Alcaldía, le alertamos públicamente desde el Partido Popular que era ilegal pero no
escuchó”. Posteriormente, El PP municipal presentó una queja ante el Procurador del Común, cuyo dictamen fue favorable a las tesis del principal grupo de la oposición.
David Fernández ha vuelto a comparar la forma de gestionar de Diez con la de Sánchez: “Lo mismo que el presidente del Gobierno gobierna a espaldas del Parlamento, de las Cortes, aprobando decretos, Diez utiliza los bandos para esquivar en este caso a los diferentes grupos políticos
presentes en la Corporación”.
Coste económico y falta de seguridad jurídica
“El alcalde -añadía Fernández- sabía que estaba actuando de manera ilegal. Ha intentado por todos los medios en este pleito evitar que esta sentencia se produjera. Por un lado, poniendo todos los
esfuerzos de la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento para este fin, alegando falta de legitimidad de los concejales populares, negado por el juez, y alegando también una carencia de objeto sobrevenida” (por el hecho de aprobar una ordenanza un año después), también desestimado por el juez.
“Estamos por tanto ante un patrón, ya habitual, en el alcalde que a nosotros nos parece preocupante: la toma de decisiones de manera improvisada, decisiones discrecionales. Un patrón que implica la ignorancia de las advertencias que le hace siempre el Partido Popular. Unos procedimientos administrativos además ilegales siempre, o casi siempre, y siempre alegales. Y, por último, las
consecuentes sentencias judiciales que se vienen acumulando en los últimos años, que le cuestan
mucho a los leoneses: coste económico y falta de seguridad jurídica, como hemos visto estos últimos meses con la movilidad en la ciudad”.
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