- La sentencia del número 2 de la Sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia de León firmada el pasado 13 de enero por su magistrado titular y conocida estos días, condena al Ayuntamiento de León a pagar 10.000 euros por daños morales al viceinterventor municipal -al bloquear el equipo de gobierno cinco meses su incorporación-, además de los 28.314 euros de factura al despacho jurídico que defiende en los pleitos derivados de este caso.
26 de enero de 2026.- El equipo de gobierno socialista de José Antonio Diez sufre otro varapalo judicial, uno más. En este caso continúa el pleito con el viceinterventor municipal al que el Ayuntamiento deberá pagar, a instancia del número 2 de la Sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia de León, 10.000 euros por daños morales, por impedir durante cinco meses su incorporación a la plaza. Además, la factura se incrementa en otros 28.314 euros
La sentencia obliga a dar a este nombramiento carácter definitivo, aunque el equipo de gobierno podrá recurrir la misma. El portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular, David Fernández, ha recordado que este se suma a los “numerosos reveses de las normativas en materia de tasas y de movilidad, esta, en materia de personal con especial relevancia y gravedad ya que la sentencia hace valoraciones realmente graves sobre la forma en la que el alcalde ha gestionado la incorporación de este funcionario”.
Fernández mantiene que el juez “habla de mala fe, desviación de poder, de vulneración de derechos fundamentales y por supuesto, y consecuentemente, de daños morales al afectado. Estamos hablando de una sentencia que describe una manera de gobernar autoritaria, discrecional y totalmente de despótica que se extiende además a otros servicios y decisiones de Ayuntamiento, que ha conllevado graves perjuicios tanto a los ciudadanos como al funcionamiento de la ciudad y por supuesto también un consecuente coste económico”.
Sentencias millonarias y responsabilidades políticas
Hay que recordar, por otro lado, “el elevado coste de las sentencias que hemos conocido sobre las tasas de basuras cifradas en varios millones de euros al que ahora se suma el coste de la asistencia jurídica de este caso y la indemnización al afectado de la condena. En total, hablamos de casi 40.000 euros de todos los leoneses malgastados por el capricho de un alcalde que piensa que León y su Ayuntamiento son su cortijo donde puede hacer y deshacer a su antojo”.
“Estamos hablando -añadió el portavoz popular- de un asunto grave no sólo por lo económico, si no por lo que se desprende de la actuación del alcalde José Antonio Diez y que además se agrava por su intención de recurrir esta sentencia, es decir, en empeñarse en algo que es totalmente caprichoso y que realmente es desfavorable para los intereses del Ayuntamiento y por tanto también la ciudad”.
Por último, anunció que si el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León “finalmente da la razón al interventor, exigiremos que esta persecución laboral, porque no tiene otro nombre, tenga consecuencias políticas inmediatas”.
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